Las comunidades autónomas adeudan más de 15.700 millones de euros a sus proveedores sanitarios (industria farmacéutica, empresas de tecnología sanitaria, oficinas de farmacia y conciertos público-privados), a quienes debería pagar unos 930 millones más en concepto de intereses anuales de demora, según lo establecido en la actual Ley de Morosidad.

Así se desprende de un informe sobre el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) presentado este miércoles en el III Encuentro Especializado 'Gestión de Cobros al Sector Público Sanitario', organizado por Unidad Editorial.

Por el momento, según los datos recopilados por este informe, las comunidades de País Vasco y Navarra son las únicas que se aproximan al plazo máximo de pago exigido por la legislación en lo que a deuda visible se refiere.

De hecho, en el pago a la industria farmacéutica y a las empresas de tecnología sanitaria estas comunidades apenas tardan entre 55 y 75 días de media.

En cambio, otras como Castilla y León y Cantabria son las que más tardan en pagar a las farmacéuticas, con más de 800 días de media en todos los casos, sólo superadas por Comunidad Valenciana, que roza los 900 días de retraso (884).

.